La falta de agua potable afecta a cinco de las nueve regiones del país andino y desde hace días se nota con intensidad en grandes centros urbanos como La Paz y El Alto, donde el suministro se ha restringido a tres horas cada tres días.

Bolivia sufre su peor crisis hídrica de los últimos 25 años. Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno de Evo Morales ha declarado el estado de emergencia a nivel nacional por la sequía y ha pedido a la población que esté "preparada para lo peor".

Pero la crisis hídrica ha llegado a su punto más crítico después de varias alarmas sobre la insuficiencia de agua potable. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, había señalado en agosto que el país atravesaba su peor crisis por falta de agua en los últimos 25 años, "un fenómeno extraordinario que no está presente en el territorio hace dos meses, sino desde enero".

Entre los factores que han llevado al país a una situación de emergencia, el cambio climático ha sido determinante. Naciones Unidas ya había señalado que Bolivia era uno de los países más expuestos al fenómeno del calentamiento global. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en 2011 un informe en el que se alertaba ya de los problemas que sufriría Bolivia por el cambio climático, pese a que el país es uno de los que menos incide en ese fenómeno, dada su baja emisión de gases de efecto invernadero.

El informe del PNUD concluía que la temperatura media de Bolivia está experimentando aumentos que podrían ser de hasta dos grados centígrados en 2030 y de 5 a 6 grados hasta 2100.

La ONU también constató cambios significativos en los patrones de lluvia, con un descenso en zonas secas y un incremento en el área húmeda de la selva amazónica. Entre las recomendaciones del PNUD a Bolivia figuraban el freno a la deforestación y el diseño de un nuevo marco regulatorio para hacer frente al cambio climático. Dos años después de la publicación de ese informe, en 2015, el fenómeno de El Niño asolaba el país e intensificaba los periodos de sequía. Como trágico ejemplo, el lago Poopó, ubicado en la zona del altiplano de Oruro, se secaba y quedaba reducido a un pequeño humedal.

A esos problemas se añade también una falta de control de la contaminación de los ríos por parte de las compañías del sector minero, clave para la economía del país. Según diversos expertos, el negocio de la minería absorbe el agua que necesitan muchas áreas rurales y urbanas del país y su expansión afecta al medio ambiente por la creciente deforestación de bosques próximos a las cuencas mineras. 

Para responder a la emergencia, el Gobierno de Evo Morales ha dividido a su gabinete ministerial en comisiones que atenderán trabajos de corto y largo plazo. Explicó que los ministerios se encargarán, por separado, de la disposición de cisternas y tanques en los lugares más afectados, como también de la perforación de pozos y de la captación de nuevas aguas.

Además, el Gobierno Central ha solicitado a los gobernadores de departamentos, alcaldes y representantes regionales reorganizar sus presupuestos para garantizar el abastecimiento de agua potable para la población. El vicepresidente del país, Álvaro García Linera explicó que el decreto de emergencia nacional establece y habilita a los municipios y gobernaciones para redistribuir y reorganizar de mejor manera el uso de sus recursos.

García Linera señaló que el Gobierno ha realizado una inversión de 1.366 millones de dólares en la dotación de agua potable en diferentes partes del país, pese a ser esta una competencia exclusiva del nivel municipal, pero ante la demanda existente era necesaria su participación.