El acuerdo preliminar establece, por primera vez, objetivos obligatorios de reducción de emisiones para los aviones comerciales que entren en operación a partir de 2020.

Del acuerdo de la cumbre de París contra el cambio climático quedó excluida cualquier referencia a objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para la aviación civil. Los gobiernos optaron por esperar al desenlace de las negociaciones que, bajo el amparo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU, con 191 países miembros y sede en Montreal (Canadá), llevaban seis años en curso. Unas conversaciones que desembocaron este lunes (madrugada del martes en España) en propuesta: establecer, por primera vez, objetivos obligatorios de reducción de emisiones para los aviones comerciales que entren en operación a partir de 2020.

La propuesta, pactada por un panel en el que han participado 170 expertos de 22 países, debe ser aún refrendada por el consejo de la OACI a finales del 2016. La normativa planteada varía según el peso de los aparatos -las mayores reducciones serán para los aviones de más de 60 toneladas- y su antigüedad. Se aplicará desde 2020 para los nuevos modelos. Y de forma gradual, entre 2023 y 2028, para los aviones que se produzcan de modelos ya existentes. Si no cumplen con los objetivos, las unidades de esos modelos ya existentes deberán retocarse para ser más eficientes, o dejar de producirse a partir de 2028.

La nueva normativa no será de aplicación para los aviones ya operativos ni para los que se pongan en funcionamiento antes de 2020.

El sector del transporte aéreo fue responsable de la emisión de 724 millones de toneladas de CO2 en 2014, el 3% del total, pero sobre todo es uno de los sectores para los que se proyecta un mayor crecimiento de las emisiones. Estimaciones de la OACI apuntan a que se multiplicarán por tres para superar los 2.200 millones de toneladas en 2050. Una tendencia que la nueva normativa debería amortiguar.

Mercado de dióxido de carbono

A falta de más detalles, el cálculo de cuál será el impacto de la nueva normativa varía según quién lo haga. El Gobierno de Estados Unidos que, como Bruselas, se felicitó por el acuerdo, anticipó que su puesta en marcha permitirá reducir en 650 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono entre 2020 y 2040. Pero la organización ecologista Transporte y Medio Ambiente la limita a 300 millones de toneladas. Otras ONG estiman que los objetivos planteados obligan solo a un recorte del 4% en las emisiones de los nuevos aviones en 12 años, cuando la propia industria ya plantea ganancias de eficiencia superiores al 10%.

Las organizaciones medioambientales consideran que el establecimiento de un sistema de comercio de derechos de emisiones, por el que se obligue a pagar a las aerolíneas a partir de un determinado nivel de dióxido de carbono, será más determinante para la reducción de emisiones. Como ya ocurre en los vuelos interiores en la UE, las compañías pueden evitar pagar esa tasa, ya sea mediante la reducción directa de emisiones, o mediante la compra de derechos a otros sectores, a los que trasladas la obligación de recortar. El panel de expertos debe, también aquí, plantear una propuesta este año.

Fuente: ConexiónCOP