Cuando la comunidad internacional se prepara para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en París en el próximo mes de diciembre, la determinación y racionalización de las fuentes de financiación para la lucha contra el cambio climático debe ser una de las máximas prioridades. Los bancos de desarrollo, como el Organismo Francés de Desarrollo (AFD, por sus siglas en francés), cuya Directora Gerente soy, están en buenas condiciones para hacer contribuciones.
Para empezar, los bancos de desarrollo pueden financiar proyectos que beneficien al desarrollo y al medio ambiente a la vez. El calentamiento planetario es ahora un factor decisivo que se debe tener en cuenta a la hora de planificar un proyecto de desarrollo. Por ejemplo, los efectos del cambio climático pueden constituir riesgos graves para las infraestructuras: riego agrícola, transporte público o casi cualquier otra. Entretanto, la recaudación de ingresos, objetivo de cualquier empeño en pro del desarrollo, casi siempre entraña un consumo mayor de recursos naturales y energía, cuya consecuencia es más emisiones y un mayor calentamiento.
Semejantes vinculaciones entre el calentamiento planetario y el desarrollo explican por qué el Gobierno de Francia exige que al menos el 50 por ciento de la financiación facilitada por la AFD vaya dirigida a proyectos de desarrollo que también tengan un efecto positivo en el medio ambiente. Ejemplos de ello son los parques eólicos de Etiopía, una mejor gestión de los bosques en Madagascar, planes nacionales sobre el clima en Indonesia y el Vietnam y un transporte urbano limpio en Colombia.
Los bancos de desarrollo pueden desempeñar también un papel importante en la formulación de instrumentos financieros que permitan a los inversores privados contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero el empeño actual en pro de la financiación ya no estriba en la cantidad. Aunque entre las fuentes potenciales de financiación de un desarrollo inocuo para el clima figuran fondos de pensiones, compañías de seguros, fundaciones y fondos soberanos de inversión, lo que con frecuencia faltan son mecanismos para velar por que se encaucen las inversiones hacia proyectos bien orientados y eficaces.
Una solución es los bonos “verdes” (o “climáticos”). Esos instrumentos tienen todas las características de los bonos tradicionales, pero están respaldados por inversiones que contribuyen al desarrollo sostenible o la lucha contra el cambio climático.
Hasta hace poco, sólo unos pocos gobiernos u organizaciones, incluidos el Banco Mundial, el estado americano de Massuchusets y la región francesa de Île de France, emitían bonos verdes y en general las cantidades comprendidas eran modestas, pero en los dos últimos años han entrado en el mercado otros copartícipes y los volúmenes se han disparado. En 2014, las emisiones de bonos verdes superaron el total de todos los años anteriores combinados.
De hecho, la demanda está superando a la oferta. Todas las ofertas más recientes de bonos se han cubierto de sobra y es probable que esa tendencia continúe. El sector de los seguros se ha comprometido a duplicar sus inversiones verdes, hasta 84.000 millones de dólares, de aquí al final de 2015 y el pasado mes de septiembre tres importantes fondos de pensiones de Norteamérica y Europa anunciaron planes para aumentar sus participaciones en inversiones para proyectos con escasas emisiones de carbono por un importe de más de 31.000 millones de dólares de aquí a 2020.
Al ampliarse el mercado de esos bonos, deben estar mejor etiquetados y certificados. Actualmente, no existen normas armonizadas. La calidad de los activos que respaldan los bonos depende exclusivamente de la buena voluntad y las aptitudes técnicas de los emisores. Hay que formular orientaciones y métodos de calificación específicos. En ese marco, la reciente decisión por parte de una coalición de inversores institucionales de medir y revelar la huella del carbono de al menos 500.000 millones de dólares en inversiones es un paso adelante.
El pasado mes de septiembre, la AFD emitió mil millones de euros (1.200 millones de dólares) en bonos climáticos, uno de cuyos objetivos es el de contribuir al desarrollo de normas concretas de calidad. Con ayuda de un importante organismo que calificaba la responsabilidad social de las empresas, pudimos proporcionar a los inversores información sólida –y un proceso de rendición de cuentas– sobre las repercusiones directas de la cartera en las emisiones de gases que provocan el efecto de invernadero. De hecho, los proyectos financiados por dichos bonos debían cumplir criterios rigurosos, incluido un análisis previo de su huella de carbono, prueba de un efecto claro e importante en el cambio climático y una formulación armonizada con las estrategias amplias que estén aplicando los participantes locales y los países.
Los bonos climáticos tienen posibilidades de dotar de autonomía a los países y las instituciones a medida que avancen con miras a cumplir los compromisos exigibles de reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, para que sean eficaces, requerirán orientaciones claras y un marco de evaluación fiable. Cuando los dirigentes de países e instituciones de todo el mundo se preparan para reunirse en París el próximo mes de diciembre, una de las prioridades máximas debe ser la de conseguir la financiación adecuada.
Noticia y fotografía tomada de COP20
Noticia de Project Syndicate
Anne Paugam is Chief Executive Officer of France’s development financing institution Agence Française de Développement.