El documento, desarrollado en el marco del programa Euroclima, establece un marco innovador para evaluar inversiones públicas con criterios de sostenibilidad y acción climática.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, presentó "Estimación del precio social del carbono para la evaluación de la inversión pública en Chile", un nuevo estudio en el que definen la actualización del precio social del carbono para el año 2024 en 63,4 dólares por tonelada de CO₂ equivalente. Este trabajo se enmarca en el programa Euroclima de la Unión Europea y tiene como objetivo integrar el impacto ambiental en la planificación y priorización de las inversiones públicas.

El informe resalta la actualización del precio social del carbono en Chile a partir de la metodología de costos de mitigación para alcanzar un objetivo de política con el que se espera orientar las decisiones de inversión pública hacia proyectos más sostenibles y coherentes con los compromisos climáticos de Chile. El precio social del carbono no sólo busca reducir emisiones, sino también maximizar el uso de recursos públicos en iniciativas con beneficios ambientales y sociales a largo plazo.

La propuesta metodológica para estimar el precio sombra toma en cuenta el conjunto de medidas que considera el país para cumplir con sus compromisos de cambio climático, y con ello es posible evaluar políticas públicas y proyectos de inversión contabilizando sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con ello, las decisiones de inversión no sólo se basarán en criterios económicos, sino también en su contribución a mitigar el cambio climático y fortalecer la resiliencia ambiental.

Este estudio forma parte de la iniciativa regional “Precio social del carbono en la evaluación de la inversión pública en América Latina y el Caribe” liderada por la CEPAL para apoyar a los Sistemas Nacionales de Inversión Pública en la región, promoviendo herramientas que integren cambio climático y sostenibilidad ambiental en las decisiones de inversión y el uso de los presupuestos públicos. La colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia resalta la importancia de alianzas estratégicas para avanzar hacia políticas públicas que respondan de manera efectiva a la crisis climática.